Estimadas y estimados:
Envíamos nuestro boletín de prensa no. 16, en relación a la política de represión que el Gobierno de Chiapas, México, está realizando en contra de indígenas del pueblo tseltal, en San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.
en nuestra página web encontrarán fotos de la conferencia de prensa, que acaba de concluir hace unos minutos.
http://www.frayba.org.mx/index.php
atentamente
Jorge HERNÁNDEZ
Área de Sistematización e Incidencia
Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 24 de abril de 2009
Boletín de prensa No. 16
Política de represión implementada por el Gobierno Mexicano contra indígenas del pueblo tseltal de la región de Agua Azul, Chiapas.
? Este Centro tiene conocimiento que el operativo de las fuerzas públicas se sustento en información de inteligencia militar.
? La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas mantiene privados arbitrariamente, de su libertad a ocho indígenas tseltales.
? La fabricación de delitos, el uso de los medios de comunicación para criminalizar a las organizaciones y movimientos sociales y justificar su represión;
? La detención arbitraria, tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como práctica recurrente para inhibir la organización de los pueblos en la defensa de sus derechos.
Este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por el aumento del uso de la fuerza pública y la ley, para reprimir e intentar desanimar a la población que se organiza para la defensa y ejercicio de sus derechos.
En los últimos meses hemos monitoreado que el Gobierno Mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, ha implementado una política de persecución y criminalización en contra de movimientos y organizaciones sociales disidentes. Tal como se ha manifestado en los actos arbitrarios que los gobiernos han realizado en contra de comunidades de la región de Agua Azul para reprimir a los Adherentes de La Otra Campaña del Ejido de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón y Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).
El 17 de Abril de 2009 se implementó un operativo mixto de fuerzas federales y estatales con la supuesta justificación de desalojar un bloqueo carretero, que desde el 15 de Abril habían establecido pobladores del Ejido San Sebastián Bachajón, de manera intermitente, exigiendo la liberación de 6 personas pertenecientes a su ejido, que el día 13 fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Cabe señalar que el operativo perdió su razón legal, debido a que los pobladores de San Sebastián Bachajón levantaron el bloqueo oportunamente. No obstante las fuerzas públicas llegaron hasta la región estableciéndose en tres puntos: Xanil, crucero Agua Azul y Agua Clara, lugares claves del territorio que hasta ese momento administraban y cuidaban los pobladores. En el caso de Agua Azul los elementos policiales destruyeron una caseta de cobro para el ingreso a las Cascadas de Agua Azul, que habían establecido con la finalidad de cuidar su territorio y obtener recursos para el beneficio de sus comunidades.
Los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes de La Otra Campaña son parte del movimiento indígena, que se contrapone a los planes neoliberales de despojo del territorio y depredación de los recursos naturales. La región de Agua Azul ha sido por muchos años zona turística cuyas cuantiosas utilidades son aprovechadas por intereses ajenos al pueblo tseltal de Bachajón. Región clave del proyecto ecoturístico y arqueo-eco-turístico como parte de la Rivera Maya, que está recibiendo un fuerte impulso del gobierno del estado para la inversión extranjera.
Lo anterior explica el porque del interés del Gobierno Mexicano por inhibir la organización, movilización y ejercicio de sus derechos como Pueblo indígena. Este caso, de los tseltales de San Sebastián Bachajón, es un ejemplo de lo que sucede en toda América Latina con los Pueblos indígenas que reivindican su derecho al Territorio y a la Autodeterminación, y que encuentran frente a ellos al poder del estado expresado en las Fuerzas de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas para reprimir su ejercicio de derechos.
El contexto de los eventos mencionados se dan en una clara postura de contrainsurgencia, implementada por el Gobierno Mexicano, mediante acciones coordinadas de información y operación por el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública Federal y Estatal, como el caso del operativo policíaco que fue motivado a partir de información facilitada por inteligencia militar, como lo reconocieron a este Centro de Derechos Humanos, funcionarios del gobierno estatal.
En este momento aún se encuentran privados arbitrariamente de su libertad los señores Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara y Jerónimo Moreno Deara, éste último con cargo de Comité Contra la Represión, todos indígenas tseltales, habitantes del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Adherentes de La Otra Campaña; que fueron detenidos el pasado 13 de abril, cuya detención motivó el bloqueo carretero. A estas detenciones prosiguió la desaparición forzada y posterior arraigo de los señores Alfredo Gómez Moreno y de Miguel Vázquez Moreno, este último BAEZLN, actos efectuados el pasado 17 y 18 de abril, respectivamente.
Los calificativos que hace el gobierno del estado a los indígenas detenidos, Adherentes a La Otra Campaña, a las BAEZLN, entre otras organizaciones y/o movimientos sociales, prejuzgándolos públicamente como ?delincuentes? constituye una violación al principio de presunción de inocencia, al derecho a la honra y dignidad de los detenidos, además de confirmar la tendencia de tratar como ?criminales? a quienes realizan actos de protesta en defensa y ejercicio de sus derechos.
Mención especial sobre lo anterior, merece la aclaración del Senador David Jiménez Rumbo publicada en el diario La Jornada en su sección de Correo Ilustrado de fecha 23 de abril, en la que refiere ?(?) que ante ninguna autoridad judicial o ministerial he señalado el incidente ocurrido en las cascadas de Agua Azul como un secuestro, ni la multa que pagué como una extorsión (?) Lo que pasó en las cascadas de Agua Azul, a donde acudí con mi familia el 7 de abril, fue un malentendido, que me llevó a una discusión con los vecinos del lugar que se prolongó algunas horas pero, aclaradas las cosas, quedamos en buenos términos con aquellas personas y también me invitaron a regresar cuando quisiera.? Desmintiendo la versión de la nota de inserción pagada por el gobierno del estado de Chiapas en el mismo diario publicada el 18 de abril de 2009, que dice que entre los detenidos (durante el operativo) está Juan Gómez Moreno y que se le investiga también por la privación ilegal y extorsión del senador por el estado de Guerrero David Jiménez Rumbo.
El ?uso? de los medios de comunicación que hace el gobierno estatal, a través de su oficina de Comunicación Social, utilizando el dinero de los contribuyentes al pagar inserciones en prensa estatal y nacional para difundir información tergiversada anulando la función social de los medios de informar con veracidad a la opinión pública y cancelando las posibilidades de diálogo, reconciliación y transparencia para la resolución de conflictos de interés social.
Este Centro de Derechos Humanos tiene información suficiente para afirmar que los detenidos fueron sometidos a detención arbitraria, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes desde el momento de su detención y su puesta a disposición bajo la modalidad de arraigo ante la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Este Centro, ha denunciado reiteradamente que la Procuraduría General de Justicia del Estado utiliza sistemáticamente la figura de arraigo como un instrumento de sometimiento y tortura para obtener declaraciones autoinculpatorios, no sólo contra miembros de la delincuencia organizada sino contra organizaciones y movimientos sociales.
Los casos anteriormente mencionados tienen patrones similares en cuanto a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno Mexicano, donde se privilegia la represión, siendo que existen mecanismos reales para evitar estas graves violaciones a los derechos humanos, por lo que podemos ubicar los siguientes elementos constitutivos de la represión:
1. El uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, en cada operativo policíaco.
2. Detención arbitraria (fabricación de delitos) a los líderes para poder desactivar al movimiento social.
3. A los detenidos se les aplican actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para obligarlos a que se autoinculpen de delitos fabricados por las autoridades de investigación judicial o grupos civiles ligados al gobierno como la OPDDIC
4. Sometimiento al arraigo (tortura psicológica) por periodos de 30 hasta 60 días a nivel local y de 40 a 80 días a nivel federal, para golpear la moral de los detenidos y que la organización que manifiesta su inconformidad cese de sus actividades de protesta social.
5. Provocar a organizaciones que tienen diferencias políticas para que se golpeen entre ellas y justificar la intervención de la fuerza pública.
6. Dividir a la organización mediante los mecanismos de cooptación (ofrecimiento de proyectos, tierra y dinero en efectivo).
7. Estigmatización y desprestigio, utilizando los medios de comunicación masiva calificándolos de delincuentes.
La actual administración de Juan Sabines Guerrero se ha caracterizado por sus excesos en el uso de la fuerza pública y mecanismos coercitivos para la resolución de conflictos, particularmente contra los pueblos indígenas que pretenden administrar los recursos de su territorio en un ejercicio de Autodeterminación como pueblos. Ejemplo de esto fue lo sucedido en el caso de la Masacre de Chincultik, donde la PEP ejecutó a 6 indígenas en un operativo el 03 de Octubre de 2008, para desalojar a los pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo que días antes habían recuperado el Centro Ceremonial de Chincultik, para su cuidado y administración.
En este momento en la región de Agua Azul es de control de las fuerzas de seguridad pública y de miembros de la organización de corte paramilitar Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), quienes en coordinación amenazan y hostigan a la población de la región, principalmente a integrantes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón y BAEZLN. También están ejerciendo una fuerte presión en contra de las BAEZLN que administran el balneario de Agua Clara.
Este Centro de Derechos Humanos, denuncia la escalada de violencia por parte del gobierno Mexicano, contra la organización de los pueblos indígenas en la defensa de sus Territorios, y urgimos a la sociedad civil a que se manifieste en acciones de protesta para señalar y detener la violencia del Gobierno Mexicano.
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